En la lucha por garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, así como la estabilidad económica de quienes tienen a su cargo su cuidado, se ha implementado una serie de medidas legales. Una de las más recientes es el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, una herramienta que busca promover y asegurar el pago puntual de estas obligaciones fundamentales. Este registro, establecido a partir de la Ley N°21.389, tiene implicaciones significativas, incluida una que ha generado especial atención: la imposibilidad de transferir vehículos para aquellos inscritos en el mismo.
El funcionamiento de este registro es claro: aquellos que adeuden tres mensualidades consecutivas o cinco discontinuas de pensiones alimenticias, total o parcialmente, serán incluidos en él. La información que contiene este registro es detallada, incluyendo el nombre completo del deudor, su documento de identificación, el monto de la deuda, el número de cuotas adeudadas y el tribunal encargado del caso, entre otros datos relevantes. Esta iniciativa no solo busca asegurar el pago puntual de las pensiones, sino también sancionar a aquellos que sistemáticamente incumplen con esta obligación vital.
Entre las diversas medidas que se aplican a quienes están registrados como deudores de pensiones de alimentos, se encuentra la imposibilidad de transferir vehículos. Esta medida, aunque puede parecer severa, tiene una justificación clara: asegurar que los recursos que se poseen no sean transferidos o utilizados para otros fines antes de cumplir con la responsabilidad prioritaria de garantizar el sustento de los hijos.
La imposibilidad de transferir un vehículo puede representar una limitación importante para quienes están en esta situación. Los vehículos, en muchos casos, son activos valiosos que podrían ser utilizados para obtener recursos adicionales en caso de necesidad. Sin embargo, al restringir esta posibilidad, se busca garantizar que los recursos disponibles se destinen prioritariamente al pago de las pensiones alimenticias adeudadas.
Esta medida se une a otras sanciones que enfrentan aquellos que están inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Desde retenciones de impuestos hasta la negación de renovación de licencias de conducir y pasaportes, las consecuencias de no cumplir con las obligaciones alimenticias son significativas y buscan generar un impacto efectivo en aquellos que optan por evadir su responsabilidad.
Es importante destacar que la inclusión en este registro no es permanente y que existen vías para salir del mismo. El pago completo de la deuda o la adopción de un acuerdo de pago aprobado por el tribunal son las formas principales de cancelar la inscripción en el registro. Estas opciones brindan a los deudores la oportunidad de regularizar su situación y evitar las consecuencias asociadas a estar inscritos en el mismo.
El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos representa un avance significativo en la protección de los derechos de los niños y niñas, así como en la garantía del cumplimiento de las obligaciones alimenticias. A través de medidas como la imposibilidad de transferir vehículos, se busca crear un entorno en el que estas obligaciones sean prioritarias y se cumplan de manera efectiva, asegurando así el bienestar de los más vulnerables en nuestra sociedad.